Conducta sexual inapropiada en las escuelas públicas K-12 (de kínder a 12.° grado)

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Lo que los profesionales de la política, los padres y los legisladores deben saber (y lo que pueden hacer)

La conducta sexual inapropiada se ha convertido en el tema de muchas conversaciones sobre la educación de los hijos, lo que incluye las redes sociales, la popular pero controvertida película Sound of Freedom (Sonido de libertad) y las políticas educativas de las escuelas K-12. Sin embargo, las estadísticas sobre conductas sexuales inapropiadas en las escuelas K-12 exigen tomarse seriamente lo que puede hacerse para acabar con el problema.

Lamentablemente, las conductas sexuales inapropiadas en esas escuelas han sido un problema constante durante décadas. Si bien algunos funcionarios del gobierno y algunos estados han aprobado políticas enérgicas para exponer el problema y detenerlo cuando ocurre, otros han hecho muy poco para abordarlo.

Lamentablemente, los sindicatos de docentes han demostrado ser algunos de los mayores opositores a las políticas de sentido común destinadas a frenar las conductas sexuales inapropiadas en las escuelas. Este breve estudio de caso describe los problemas que rodean a la conducta sexual inapropiada en las escuelas K-12, identifica los grupos de interés más responsables de la situación actual y destaca las políticas específicas que los gobiernos estatales y locales pueden aprobar para solucionarlo.

El problema: Las sociedades han trabajado para proteger a los menores de edad de la explotación sexual por parte de adultos generación tras generación, pero los esfuerzos adquirieron una nueva urgencia en el contexto escolar K-12 a partir de la década de 1980 en adelante. A pesar de este enfoque, los datos muestran que el problema de la conducta sexual inapropiada en las escuelas K-12 persiste hoy en día y ha aumentado.

Un informe de 2019 de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos muestra que entre 2010 y 2019 el número de denuncias de violencia sexual presentadas ante la Oficina de Derechos Civiles (Office for Civil Rights, OCR) del Departamento de Educación de Estados Unidos en las escuelas K-12 aumentó en un 208 por ciento. De la misma manera, entre 2015 y 2018, los incidentes aumentaron drásticamente.  

La Colecta de Datos de Derechos Civiles (Civil Rights Data Collection, CRDC) informa lo siguiente entre 2015 y 2018:

AñoIncidentes de violencia sexualIncidentes de violación o intento de violación
2015-20169,649394
2017-201814,938786

Por muy alarmantes que sean, estos datos no son de gran utilidad para las autoridades responsables que buscan poner fin a la conducta sexual inapropiada en las escuelas, porque los datos publicados por la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación no indican si el presunto agresor es un estudiante, un maestro o un administrador. Un informe de la Contraloría General de Estados Unidos (Government Accountability Office, GAO) de 2014 afirma: “a pesar de que varias agencias federales recopilan datos correspondientes, ninguna recopila datos completos que cuantifiquen la prevalencia del abuso sexual por parte del personal escolar”. Por lo tanto, es difícil (si no casi imposible) saber el porcentaje de conducta sexual inapropiada perpetrada por el personal escolar. Toda conducta sexual inapropiada debe tomarse en serio, pero es fundamental que los funcionarios escolares, las autoridades responsables y los padres sepan hasta qué punto los adultos pueden estar abusando de los menores de edad en las escuelas.

El Departamento de Educación, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (Health and Human Services, HHS) y el Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) también recopilaron datos informados por el estado sobre la conducta sexual inapropiada en las escuelas. Sin embargo, una vez más ninguno de esos datos muestra exactamente en qué medida el abuso lo comete el personal escolar.

A pesar de la falta de informes claros sobre la conducta sexual inapropiada de adultos contra menores de edad en las escuelas, hay algunas estadísticas disponibles tanto a nivel estatal como nacional que son preocupantes:

  • A nivel nacional: Un informe de 2004 del Departamento de Educación afirma: “el abuso sexual físico de los estudiantes en las escuelas es probablemente más de 100 veces mayor que el abuso cometido por los sacerdotes”.

Si hay algunos datos, ¿por qué los educadores, administradores y funcionarios siguen pasando por alto el problema?

Las conductas sexuales inapropiadas en las escuelas K-12 no suelen denunciarse. La mayoría de los distritos escolares no tienen que informar las denuncias a menos que sepan que son ciertas. Sin embargo, sí deben informar las denuncias con fundamento. En lugar de ello, los distritos escolares pasan por alto las acusaciones de conducta sexual inapropiada y, en ocasiones, animan a los maestros o administradores a jubilarse o trasladarse tranquilamente a otro distrito.

Así, los maestros que han sido acusados de actividad sexual inapropiada con un estudiante son transferidos a otras escuelas, una práctica a la que comúnmente se hace referencia como “pasar la basura”.

EnoughAbuse.org describe esto como “permitir o incluso alentar a los empleados de la escuela involucrados en conducta sexual inapropiada a renunciar en lugar de realizar una investigación interna o una acción legal externa. Algunas escuelas han ofrecido incentivos personales para alentar al personal involucrado en conducta inapropiada o abuso sexuales a renunciar o jubilarse. Los acuerdos de separación confidenciales que incluyen beneficios financieros, promesas de excelentes cartas de referencia en el futuro o la opción de entregar el certificado de enseñanza en lugar de emprender acciones legales, son algunos de los beneficios que se negocian como parte de esta práctica”.

En pocas palabras, muchas veces sucederá una de dos cosas. La primera es que cuando se acusa a un maestro de conducta sexual inapropiada, a veces los distritos escolares le ofrecen incentivos económicos para que “renuncie voluntariamente” a su cargo, tras lo cual se llega a un acuerdo confidencial de separación. Al igual que en las empresas privadas, donde a veces, cuando ocurre un escándalo, los empleados “renuncian” con incentivos financieros, expedientes sellados y promesas de referencias futuras positivas. Con los maestros ocurre lo mismo.

El segundo escenario es mucho más dañino. En algunos casos en los que hay acusaciones de abuso, se anima a los maestros a “buscar un nuevo trabajo”. Como solo hubo acusaciones, el expediente se cierra y el distrito escolar proporciona una referencia positiva a un posible empleador y “se pasa” a los maestros de un distrito escolar a otro.

Según el informe del Instituto para la Defensa de la Libertad (Defense of Freedom Institute, DFI), Catching the Trash (Recogiendo la basura), un empleado de una escuela pública puede abusar de varios niños antes de ser despedido o enfrentarse a consecuencias legales: “En su investigación de 2010 de 15 casos [de conducta sexual inapropiada]… la Contraloría General de Estados Unidos (GAO) determinó que cuatro de los casos implicaban a funcionarios escolares que permitían a un empleado renunciar para evitar medidas disciplinarias, dejando a los empleados con expedientes intachables y libres para encontrar nuevas víctimas en otro distrito escolar. En tres de esos cuatro casos, los funcionarios facilitaron una carta de recomendación o referencia positiva para el antiguo empleado”.

En resumen, se puede acusar a un maestro de conducta sexual inapropiada y no es raro que los funcionarios escolares permitan que ese maestro renuncie, lo que lo deja con un historial laboral libre de acusaciones de conducta sexual inapropiada. Y, por lo tanto, la escuela no tiene constancia del abuso ni de las acusaciones.

La cuestión de la supervisión y la presentación de informes sobre la conducta sexual inapropiada abarca agencias federales, legislaturas estatales, distritos escolares y sindicatos de docentes y, como tal, cada uno de estos grupos tiene cierta responsabilidad por la cuestión tan frecuente de la conducta sexual inapropiada en las escuelas. Este estudio de caso desglosa el rol y las responsabilidades dentro de cada uno de estos grupos para detener la conducta sexual inapropiada en las escuelas K-12.

Agencias federales:

En 2018, la secretaria DeVos utilizó el poder del Departamento de Educación para que los estados se responsabilicen en adherirse a la disposición de la Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, ESSA) y tomar medidas que sofocaran el problema de “pasar la basura”. Emitió una carta a los gobernadores en la que decía: “el incumplimiento de los requisitos [de la ley] puede ocasionar que el Departamento adopte las medidas coercitivas adecuadas”. Sin embargo, pocos estados aprobaron una ley que exigiera una mayor divulgación sobre la conducta sexual inapropiada en las escuelas.  A continuación se muestra un desglose de la cantidad de estados que cuentan con leyes específicas para prevenir la conducta sexual inapropiada en las escuelas.

A partir de octubre de 2022,

  • 20 estados tienen leyes para “prohibir explícitamente la supresión de información relativa a la conducta sexual inapropiada de los empleados escolares”.
  • De esos 20 estados, 11 “prohíben a los empleadores actuales o anteriores borrar información sobre acusaciones u otros hallazgos de conducta sexual inapropiada de los registros de los empleados”.
  • 12 estados “prohíben la supresión de este tipo de información mediante acuerdos de despido / renuncia, acuerdos de indemnización (9 estados), acuerdos de convenios colectivos (9 estados) o acuerdos de confidencialidad o no divulgación (6 estados)”.
  • Tres estados prohíben las “cartas de recomendación expurgadas para trabajos que involucren a niños o estudiantes” para empleados que participaron o supuestamente participaron en conducta sexual inapropiada.

Esto significa que menos del 50 % de los estados cuentan con leyes específicas para ayudar a prevenir la conducta sexual inapropiada en las escuelas. Afortunadamente, los esfuerzos por cambiar eso no se detuvieron en la administración Trump.

En 2022, los senadores Toomey y Manchin, republicano y demócrata, enviaron una carta al secretario de educación Miguel Cardona, en la que pedían al Departamento de Educación que hiciera cumplir la disposición de la ESSA. La carta expresaba: “Debemos tomar medidas concretas que empiecen por proteger a los estudiantes de los depredadores en las aulas… Instamos al Departamento de Educación a que tome medidas inmediatas para garantizar que se apliquen todas las políticas de protección a la infancia, lo que incluye la prohibición de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (Elementary and Secondary Education Act, ESEA) de Ayudar e instigar la agresión sexual”.  Lamentablemente, desde entonces, el Departamento de Educación ha hecho poco por proteger a los niños de las conductas sexuales inapropiadas, pero hay mucha responsabilidad de por medio.

Ante todo, la responsabilidad recae en el agresor, pero los funcionarios del gobierno, los legisladores estatales y los sindicatos de maestros son responsables de no promulgar, o en el caso de estos últimos, de no oponerse activamente a políticas que, como mínimo, expondrían el problema de la conducta sexual inapropiada y fomentarían la rendición de cuentas.

¿Qué hacer y quién es responsable?

Las legislaturas estatales pueden:

Como deja claro la ESSA, cada estado tiene la potestad de aprobar leyes que prohíban ocultar información sobre conductas sexuales inapropiadas de los empleados.

  • Dejar de “pasar la basura”

En mayo de 2023, 14 estados y el Distrito de Columbia han aprobado leyes que prohíben a los centros escolares ayudar a los maestros que hayan cometido conductas sexuales inapropiadas a conseguir puestos en otros centros y responsabilizan a los distritos escolares de ser transparentes a la hora de comunicar datos sobre conductas sexuales inapropiadas.

Esos estados son:

Washington (2004), Oregon (2010), Missouri (2011), Pennsylvania (2014), Connecticut (2016), Nevada (2017), Wisconsin (2017), Nueva Jersey (2018), Washington D.C. (2018), Vermont (2018), Maryland (2019), Colorado (2021), Indiana (2023) e Iowa (2023). La legislación está pendiente en Massachusetts (2023).

  • Extender el plazo de prescripción para los casos de abuso sexual infantil

Además, los legisladores estatales han aprobado leyes que amplían el plazo de prescripción para los casos de abuso y muchos estados han adoptado medidas para los incidentes de abuso sexual infantil.

Este año (2023), Maryland aprobó una ley que suprime el plazo de prescripción de las demandas civiles en casos de abuso sexual infantil.

Puede encontrar un análisis más completo de los plazos de prescripción de cada estado en el rastreador de Child USA.

  • Fortalecer las leyes sobre la edad de consentimiento

Muchos estados con una edad legal de consentimiento de 16 años incluyen en sus leyes disposiciones que prohíben a los adultos en puestos de autoridad (como maestros, consejeros de campamentos u orientadores) mantener relaciones sexuales con menores bajo su supervisión y cuidado. Sin embargo, en algunos casos, esto se enfrenta nada menos que a los sindicatos de docentes.

El gobierno federal puede:

  • Hacer cumplir la disposición relativa a “pasar la basura” en ESSA (Ley Cada Estudiante Triunfa)

Ya existe una ley federal, la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), con una disposición que establece que las agencias educativas y los distritos escolares locales que reciben financiación federal deben tener leyes, reglamentos y políticas “que prohíban a un empleado escolar, contratista o agente obtener un nuevo trabajo si hay causa probable para creer que esa persona ha participado en una conducta sexual inapropiada con respecto a un menor o estudiante en violación de la ley”.   Sin embargo, poco se ha hecho para hacer cumplir esta disposición. El Departamento de Educación (Department of Education, DOE) debe dar prioridad a identificar los estados que no cumplen con esta parte de la ESSA.  Puede hacerlo a través de una variedad de medios, entre los que se encuentran:

  • Ofrecer orientación y educación estatales en lo que respecta a la disposición.
  • Dar a conocer el incumplimiento de un Estado o utilizar la posibilidad de emprender acciones legales.
  • Pérdida de fondos federales como presión para imponer el cumplimiento.

Desde la aprobación de la ESSA, aparte de la exsecretaria de educación Betsey DeVos, poco se ha hecho para hacer cumplir la disposición.

Los sindicatos de docentes pueden:

Durante años, el sindicato de docentes ha trabajado en contra de la legislación que exigiría a los distritos escolares revelar las acusaciones de abuso a los posibles empleadores de maestros y hacer que los maestros rindan cuentas por su conducta sexual inapropiada.  

En 2012, el Wall Street Journal informó que, según la ley de Nueva York, las denuncias de conducta sexual inapropiada primero se investigan y luego el caso pasa a arbitraje.  Según el artículo, “El sindicato local de docentes y el distrito escolar eligen juntos a los árbitros, quienes a su vez reciben un pago de hasta $1,400 por día”. Como tal, el árbitro puede tener la tendencia a apaciguar al sindicato. 

Otro ejemplo fue en 2018, cuando un representante del estado de Rhode Island intentó que se aprobara un proyecto de ley que penalizaría las relaciones sexuales entre cualquier adulto bajo custodia y las personas bajo su cuidado. Según el diputado Marszalkowski, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) se opuso al proyecto alegando que la legislación propuesta era demasiado amplia. Pero la cuestión no se detuvo con la ACLU. Según The Newport Buzz, dos sindicatos de docentes de Rhode Island se opusieron al proyecto de ley: “Los miembros de la Asociación Nacional de Educación de Rhode Island (National Education Association of Rhode Island, NEARI) y la RIUFT acudieron a la Cámara de Representantes para expresar su oposición a un proyecto de ley que declararía ilegal que los maestros de Rhode Island tuvieran relaciones sexuales con sus estudiantes de 16 y 17 años”. Afortunadamente, en 2022 Rhode Island aprobó una ley que establece como un acto ilegal que los maestros tengan relaciones sexuales con niños. Pero el hecho es que los sindicatos de maestros se opusieron en 2018 y esto no es nuevo en lo absoluto.

El problema principal se debe a los convenios colectivos.

Para ser breves, un convenio colectivo es cuando los sindicatos establecen normas y condiciones en torno a su empleo (horas trabajadas, condiciones laborales, paga de vacaciones, etc.). En el caso de los maestros, como en el de muchos empleados públicos, esto plantea un problema porque los trabajadores estatales ya disfrutan de una serie de privilegios, principalmente la seguridad laboral. Desafortunadamente para los escolares de Estados Unidos, los beneficios que se conceden a los maestros a través del convenio colectivo crean las condiciones para ocultar las conductas sexuales inapropiadas.

Un artículo del City Journal, Red Flags in the Classroom (Banderas rojas en el aula de clases) , afirma: “Los acuerdos de convenios colectivos negociados entre los sindicatos de maestros y los distritos escolares son un factor clave que contribuye al problema”. “A menudo permiten borrar los archivos del personal”, observa Zimmerman, de manera que no queda ningún registro de abuso una vez que el infractor abandona el sistema. Los legisladores estatales, muchos de los cuales dependen del apoyo de los sindicatos de maestros, son notoriamente permisivos en esta área”. En algunos estados, cuando un maestro acusado de conducta sexual inapropiada abandona la escuela, se borra su expediente personal, con lo que se eliminan todas las pruebas de conducta indebida y se abre la posibilidad de que cause daños a otro estudiante. Y, en muchos casos, eso es lo que ocurre.

En el estudio de 2010 de la Contraloría General de Estados Unidos (GAO) se hizo referencia a 11 de los 15 casos relacionados con infractores que habían hecho daño a niños anteriormente. En resumen, los convenios colectivos y la retención de datos sobre conductas sexuales inapropiadas “beneficia a un grupo y solo a un grupo: a los sindicatos de maestros.”

La inacción de los legisladores estatales y el rechazo de los sindicatos de maestros tienen profundas consecuencias para los niños estadounidenses. En este momento cultural , en el que los niños están expuestos a contenido para adultos en las redes sociales y las escuelas ocultan el contenido de género y sexualidad a los padres, es más importante que nunca que personas de todas las creencias e ideologías aborden la realidad de los encubrimientos de conducta sexual inapropiada en las escuelas K-12 de Estados Unidos.

El año pasado, los funcionarios políticos designados por Biden en la Oficina de Derechos Civiles (Office for Civil Rights, OCR) propusieron eliminar de la CRDC las preguntas relacionadas con el abuso sexual de estudiantes por parte de empleados hasta que una protesta pública obligó a la agencia a dar marcha atrás y mantener las preguntas.

  • Tomar la iniciativa para acabar con las conductas sexuales inapropiadas en las escuelas K-12

En nuestro entorno político y cultural actual, en el que los sindicatos de docentes parecen estar en contra de los padres e hijos, estos tienen la oportunidad de ser líderes para detener el abuso sexual de los menores de edad. Pueden informarse sobre las leyes de su estado que protegen a los menores de la agresión sexual por parte de personas en puestos de autoridad.